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RESUMEN

DEL DOCUMENTO DIRIGIDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LENÍN MORENO GARCÉS

Hemos constituido el FORO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como un espacio de debate técnico y razonamiento que conjuga objetivos compartidos. No abundamos en diagnósticos ni somos profetas de ningún desastre. Nos une la convicción de que la correcta conducción de la economía es ante todo una obligación ética y la opción de quedarnos callados no existe. Afirmamos que combatir la corrupción y promover la ética pública es esencial para construir un mejor país, propiciar inversión productiva e institucionalidad económica y democrática que preserve los fundamentos de la economía y fomente la productividad.

1. La vigencia de la política económica alimenta la crisis. Esta política, la misma de la década pasada, ha producido cuantiosos déficit, incrementado exponencialmente la deuda pública, multiplicando los tributos y fracturando la competitividad empresarial. Ha perjudicado al sector externo de la economía; desdeñado la inversión productiva internacional y paralizado parte de la nacional. Ha excluido al país de una saludable integración y relación comercial mundial, deteriorando el crecimiento económico inclusivo y el empleo formal. El Banco Central proyecta un desplome de la inversión. El crecimiento no es sustentable pues depende del gasto público.

2. La estructura del presupuesto, y el régimen tributario requieren cambios profundos. El Presupuesto General del Estado 2018 adolece de los defectos de concepción observados en años anteriores pues está basado en proyecciones irreales de ingresos, gastos y déficit. El financiamiento público sustrae recursos de la inversión, del ahorro y el consumo de los ciudadanos. Debe estructurarse un régimen tributario racional, de administración sencilla, cobertura efectiva y equitativa, y de fácil cumplimiento. El sector productivo requiere oxigenación por el estancamiento. Por lo tanto, deben reducirse, eliminarse, y consolidarse según el caso, los impuestos excesivos en número (65 en total), mal concebidos, y distorsionadores; así como eliminar aquellas tasas que son impuestos disfrazados. El SRI no debe ser colegislador tributario.

3. El problema del endeudamiento es serio. El crédito público está copado y distorsiona la utilización de recursos en la economía. El Ecuador paga las tasas más onerosas de intereses de la región. El perfil de la deuda es cortoplacista y su alto costo pesa sobre una tercera parte del presupuesto. Hay serios indicios de distracción de recursos para fines de consumo. Y existe el riesgo de potenciales moratorias o experiencias traumáticas que no deben repetirse.

4. El uso de las reservas Internacionales para cofinanciar al gobierno y a la banca pública amenaza a la dolarización. Estas acciones conllevan serios riesgos para el régimen monetario imperante, con las graves consecuencias económicas, sociales y políticas que su colapso acarrearía. El Banco Central debe mantener la liquidez necesaria en reservas internacionales para garantizar con solvencia sus pasivos exigibles y legalmente eliminada la posibilidad de crédito al Gobierno Central.

5. El país no es competitivo. La competitividad se forja y mantiene a lo largo del tiempo y es determinada por la dotación de recursos humanos, y factores institucionales, financieros, y monetarios. Es, puntualmente, el resultado de los costos de producción, de la calidad de la mano de obra, la gerencia, y la visión empresarial; su nivel está dado por el uso de la tecnología y el procesamiento de la información, el acceso al crédito, la integración de los mercados, las redes comerciales y la eficiencia del transporte. Es, pues, el ámbito entero de la producción el escenario donde se definen la eficiencia, la productividad y, por lo tanto, la competitividad. Frente a ello, la producción nacional enfrenta sobrecarga de impuestos, restricciones al comercio exterior, y excesivas regulaciones. La falta de acuerdos comerciales crea barreras arancelarias que discriminan contra nuestras exportaciones. Entretanto, seguimos dependientes de decisiones políticas en materia de preferencias arancelarias por parte de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos.

6. El régimen previsional no es sustentable. Puede afectarse el bienestar de sus aportantes y eventuales beneficiarios. Los dineros del IESS, del ISSFA, del ISSPOL y de los fondos financieros, como el perteneciente a los maestros, no son patrimonio de gobierno alguno, ni su administración debe continuar bajo el dominio estatal. La seguridad social debe fijarse como objetivos el velar por el bienestar de sus afiliados, y el escrupuloso manejo de sus dineros.

7. El subempleo y los mercados laborales rígidos no permiten mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. El sesenta por ciento de la fuerza laboral no tiene empleo adecuado o está abiertamente desempleada. La generación de empleo productivo requiere de un ambiente de confianza y seguridad jurídica que favorezcan la inversión productiva, promuevan la innovación y posibilite el crecimiento económico. El régimen laboral vigente limita la construcción de acuerdos convenientes para las partes, conspira contra el bienestar del propio trabajador y reduce el desarrollo empresarial. Las estructuras laborales obsoletas producen informalidad y migración de ecuatorianos que buscan empleos estables y subsistencia dignos.

8. Las instituciones financieras del sector de la economía popular y solidaria deben ser fortalecidas. Seis millones de ecuatorianos están vinculados a las instituciones financieras d este sector. El Gobierno debe tomar especial y pragmática atención sobre la viabilidad de las instituciones financieras del sector de la economía popular y solidaria. La cobertura provisional necesaria debe evitar cualquier afectación en su capacidad patrimonial efectiva, evaluando técnicamente los pasivos reales y contingentes que podrían provocar riesgos importantes si no se dispone de efectivos y suficientes recursos de respaldo

Los temas citados no agotan la problemática, pero estamos seguros que podemos revertir las tendencias. Un mejor país es posible si el sector productivo toma la iniciativa para invertir, generar empleo y crear prosperidad. El proceso demanda que el Gobierno reconozca que el poder surge y se sostiene en el mandato de sus ciudadanos a quienes tiene la obligación de escuchar con atención y respeto, desechando conceptos ideológicos y adoptando los principios que rigen la buena economía en libertad. El Ecuador requiere una visión que abra espacios y se integre inteligentemente al mundo moderno. La alternativa que nos posibilite transitar por la ruta del bienestar inclusivo y mayor equidad, combatiendo efectivamente la pobreza y mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. Nosotros, señor presidente, permaneceremos vigilantes y activos en este propósito nacional.

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Señor Presidente:

Hemos constituido el FORO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como un espacio de razonamiento técnico, patriótico y libre de otro interés que no sea el de la Patria, para discernir y argumentar los requerimientos de la realidad económica del país que nos permitan proponer a la ciudadanía y al Gobierno Nacional, políticas económicas, acciones y criterios, formulados con rigor técnico y experiencia. No deseamos prolongarnos en diagnósticos, ni convertirnos en profetas de ningún desastre económico, estamos convocados, porque la correcta conducción de la economía es una obligación ética irrenunciable y la opción de permanecer callados no existe.

Con distintas intensidades hay problemas y amenazas que agobian a familias y empresas. La anemia financiera carcome las fuerzas del país. El presente muestra serios y diversos riesgos y por el mismo camino no habrá buen futuro. La corrupción que se ha puesto al descubierto produce un ambiente intolerable. Antes que los problemas salgan de control es urgente reconstruir la competitividad productiva y el retorno a la responsabilidad y sostenibililidad fiscales, porque sin ellos no habrá inversión suficiente, ni crecimiento económico, ni el empleo ofrecido, ni se propiciará equidad. Ningún país ha logrado crecer y mejorar su bienestar, desafiando los equilibrios fiscales y externos, como de manera tan agresiva lo ha hecho Ecuador desde hace más de diez años. Aquellos países y economías que se aventuraron a hacerlo, invariablemente, sufrieron graves consecuencias, aumentaron la pobreza, redujeron la equidad y dañaron su propia paz.

Queremos ayudar a recuperar los equilibrios macroeconómicos, favorecer la inversión, mejorar la productividad empresarial y restablecer su competitividad, preservar el patrimonio de familias y empresas, fortalecer al sistema financiero, evitar la ruptura de la dolarización, reconstruir el sistema previsional y de pensiones jubilares, promover la equidad, el justo progreso, evitar profundizar la pobreza, particularmente entre los más vulnerables y en un amplio sector de la economía popular y solidaria que también lo requiere. Es decir, señor Presidente, ayudar a proteger la paz social.

  1. El cambio de las políticas económicas aplicadas por más de una década es imprescindible y también urgente. Su vigencia ha desbordado el gasto público y el tamaño del Estado; producido recurrentes y cuantiosos déficits; incrementado sustancialmente la deuda pública; aumentado y creado nuevos impuestos; desaparecido la sostenibilidad fiscal; deteriorado la inversión productiva internacional y paralizado parte de la nacional; reducido el crecimiento económico y exacerbado con fuerza el nivel de empleo inadecuado, caracterizado por la inestabilidad y precariedad de ingresos, al que se suma el destructivo desempleo abierto.

    Las políticas económicas implementadas han perjudicado el progreso de los ecuatorianos. Ignorando reglas y principios de buena economía han causado un daño crítico y enorme en la productividad empresarial, como consecuencia clara de su concepción y gestión equivocadas, agravadas con diferente intensidad y temporalidad por factores externos. La producción nacional ha sido forzada a enfrentar y luchar contra la sobrecarga de impuestos; ausencia de un inteligente y necesario marco jurídico que auspicie un justo, moderno y más productivo entendimiento entre empleadores y trabajadores; inestabilidad tributaria; restricciones frecuentes al comercio internacional; aislamiento comercial; y, regulaciones excesivas que terminan asfixiando la iniciativa privada y elevando costos de producción que merman productividad y nuevamente reducen competitividad.

    Ecuador ha sido excluído de una saludable integración y relación comercial, moderna y global, perjudicando sus posibilidades para crecer y progresar, mientras se debilitaba el sector externo de su economía y el ingreso de divisas de exportación. La falta de acuerdos comerciales ocasiona que las exportaciones ecuatorianas, paguen aranceles prácticamente en todos los países, excepto en la Comunidad Andina y más recientemente en la Unión Europea, mientras nuestros competidores venden en la mayor parte de esos mismos países sin tener que pagarlos. Ecuador es el único país en el Pacífico Latinoamericano que carece de un acuerdo comercial con Estados Unidos, ignorando que se trata de su principal y más importante socio comercial, colocándose en incomprensible desventaja frente a sus competidores. ¿Qué clase de políticas económicas pueden conducir a un país a permanecer en evidente situación de desventaja frente a sus competidores, destruyendo importantes oportunidades para vender sus productos, ampliar su comercio y mejorar un ingreso de divisas que alimente la liquidez de la economía y fortalezca la dolarización?

    La competitividad también se ha visto adversamente afectada por la ausencia de un marco moderno y eficaz de restructuración y liquidación de empresas, manteniendo normativas que destruyen la institución de responsabilidad limitada, restan atractivo a la inversión e impiden la diversificación de riesgos, atrapando recursos en empresas improductivas, bloqueando la sana reasignación de capital, trabajo y talento empresarial, hacia actividades de mayor productividad.

    Los índices internacionales confirman los errores: las equivocadas políticas públicas, los impuestos excesivos, la inadecuada legislación laboral vigente y la corrupción son las señaladas causas que afectan tan malamente el índice de competitividad global ecuatoriano dentro del ranking mundial. Es inaplazable remediar con prontitud estas evidentes causas que mantienen al país desprovisto de suficiente, estable y productiva inversión extranjera directa, y que tampoco permiten auspiciar mejores condiciones de financiamiento comercial internacional.
     
  2. Se requiere reactivar el crecimiento económico y el nivel de empleo adecuado, mejorando la productividad y competitividad de la producción nacional, fortaleciendo el ingreso disponible que permita alentar el consumo efectivo de los hogares y posibilite ampliar la demanda, afianzando estos procesos con la reducción o eliminación inteligente de determinados impuestos, tasas y restricciones en beneficio de empresas y familias, amparando toda esta gestión dentro de un marco legal y productivo que permita, facilite y auspicie la inversión.
     
  3. Señor Presidente, entre los años 2001 a 2006 el gasto público promedio fue equivalente al 23.7% del tamaño de la economía PIB, pero durante los diez años siguientes, 2007 a 2016, creció al 40.1%. No hay forma sostenible de cubrir un nivel tan elevado de gasto público y recurrentes déficits fiscales, simplemente imponiendo tributos y contratando más deuda pública, además de muy mala calidad. Gradual pero efectivamente se requiere reducir a niveles adecuados y fiscalmente sostenibles el gasto público excesivo, reformular inversiones mal concebidas o desproporcionadas, mientras se construyen las condiciones auspiciantes de una mayor participación de la inversión privada.

    El gasto público debe producirse considerando el valor del ahorro y la inversión productiva, como importante instrumento de prevención y resguardo que permite atender emergencias y amortiguar choques externos o internos que eventualmente afectan las economías. Es necesario restituir los límites legales de expansión de las principales variables fiscales y volver a los fondos de ahorro nacional, establecidos a inicios de la dolarización.
     
  4. El país acumula muy sustanciales obligaciones por pagar, pero no solo con relación al tamaño de su economía, sino sobre todo con relación a su capacidad efectiva de pago. Ecuador hasta ahora cumple sus compromisos en parte contratando nueva deuda y en parte usando ingresos del Presupuesto del Estado. El pago de capital e intereses que exige la deuda pública, unido a los recursos dedicados a la importación de derivados de petróleo, convirtieron al Estado ecuatoriano en importantísimo exportador de divisas dólares que para el año corriente se estima en unos $7.000 millones, dependiendo del precio internacional del petróleo.

    Entre los años 2022 y 2027, Ecuador debe destinar $11.750 millones, exclusivamente por pago de capital por los llamados bonos soberanos, cuya deuda fue acumulada en tan solo cuatro años. Grecia sufrió terribles consecuencias a partir del día en que no pudo obtener más financiamiento y cayó en estrepitoso default o no pago de sus obligaciones. Ecuador debe evitar una nueva suspensión unilateral de pagos que le traería consecuencias negativas extremas. Es necesario ahorrar recursos que colaboren a reducir el déficit fiscal, mejorando el perfil de plazos y costos de la deuda comercial, previa la presentación y vigencia de un programa económico creíble, eficaz, posible y favorable a una relación más cercana, amigable y productiva con los organismos multilaterales.
     
  5. Desde hace once años se mantiene un espeso velo de opacidad en cifras y variables claves de la economía que a usted mismo le llevó a declarar que la mesa no había quedado servida. Sin embargo, señor Presidente, el Presupuesto General del Estado 2018, contiene las mismas vulnerabilidades de los anteriores con proyecciones irreales en gastos, ingresos y déficits, sumadas a un discurso de recuperación de la economía que no es técnicamente sostenible. Las finanzas públicas mantienen fuerte dependencia del endeudamiento público, cuyo verdadero saldo total se distorsiona. Hay toda una mezcla de artificios contables, manipulaciones y aplicación de ciertos tratamientos legales, pero no éticos, que finalmente bloquen la información, cuyos responsables y custodios están en la obligación de transparentarla, mostrando respeto por la verdad.
     
  6. Especialmente en dolarización la independencia del Banco Central constituye un bien público, necesario para tomar decisiones técnicas en favor de la sociedad al margen de influencias del Gobierno, grupos económicos o políticos. Es en verdad pernicioso para la salud financiera de la dolarización, continuar con el uso anti técnico y dañino de las Reservas Internacionales, cofinanciando el gasto del gobierno y la banca pública, además en condiciones laxas que van en detrimento de la seguridad financiera de toda la economía. Insistir en tan perjudicial utilización de estos dineros, pone en riesgo de destrucción el sistema de dolarización con todas las graves consecuencias económicas, sociales y políticas que semejante situación produciría.

    Es imperativo restituir la obligatoriedad del Banco Central de mantener la liquidez necesaria en las reservas internacionales que garanticen la disponibilidad oportuna y suficiente de los recursos líquidos, públicos y privados, recibidos de terceros, así como, restituir la prohibición legal de otorgar préstamos al Gobierno Central, directa o indirectamente. Adicionalmente la presentación contable del Banco Central deberá producirse con rigor y transparencia, eliminando sin retraso las prácticas que no permitan hacerlo.
     
  7. En los últimos 11 años se han producido 23 reformas tributarias, perjudicando notoriamente la estabilidad que exige la inversión productiva. El SRI no debe seguir de permanente colegislador tributario y mucho menos cada vez que el Estado requiere de más dinero. Los excesos de legislación han acumulado abundante normativa innecesaria que desmotivan la inversión y perjudican la productividad al consumir tiempo y recursos. Es necesario establecer un sistema tributario estable, sencillo, amigable pero eficaz, para implementar, operar y controlar.

    La buena política tributaria no significa intentar recaudar más ingresos, asfixiando a empresas y familias con impuestos, tasas y aranceles, significa liberar e impulsar sus capacidades para innovar y producir. Los anticipos de impuesto a la renta y las llamadas retenciones en la fuente, restan capital de operación a las empresas, reducen su competitividad y eventualmente se convierten en impuestos directos sobre el patrimonio. Supuestamente creados para proteger la balanza de pagos, impuestos como el aplicado a la salida de divisas, sobretasas arancelarias y un impuesto disfrazado de tasa de control aduanero que se aplica sobre el volumen físico de las importaciones, encarecen los costos de producción nacional de bienes y servicios, volviéndolos menos competitivos y perjudicando el presupuesto familiar disponible.
     
  8. El Gobierno debe tomar especial y pragmática atención sobre la viabilidad de las instituciones financieras del sector de la economía popular y solidaria. La cobertura provisional necesaria debe evitar cualquier afectación en su capacidad patrimonial efectiva, evaluando técnicamente los pasivos reales y contingentes que podrían provocar riesgos importantes si no se dispone de efectivos y suficientes recursos de respaldo. Aproximadamente seis millones de ecuatorianos guardan aquí sus ahorros.
     
  9. Los dineros del IESS, del ISSFA, del ISSPOL y de fondos financieros, como el perteneciente a los maestros, no son patrimonio de gobierno alguno, ni su administración puede continuar bajo el dominio estatal. La seguridad social, donde converge buena parte del ahorro financiero nacional no puede ser administrada en la forma antitécnica que ha caracterizado al manejo de las cuentas fiscales del país los últimos diez años. Advertimos muy especialmente que es imperativo el replanteo integral del régimen previsional.
     
  10. lEs sorprendente el estado de pobreza conceptual en que los temas laborales se han mantenido desde que éstos pasaron a formar parte de la política pública, gravitando negativamente, tanto que a pesar del gasto sin precedentes del sector público no financiero ocurrido en los últimos once años, únicamente un 40% de la fuerza laboral ecuatoriana cuenta con trabajos adecuados. El trabajo digno y estable constituye la mejor forma de inclusión social, pero únicamente se genera y fortalece en un ambiente de confianza y seguridad jurídica que favorezcan la inversión productiva, promuevan la productividad y posibiliten el crecimiento económico. El régimen laboral del Ecuador no funciona adecuadamente, impide la construcción de acuerdos convenientes para las partes, conspira contra el bienestar del propio trabajador, reduce el desarrollo empresarial y dificulta la creación de empleo formal. Es indispensable introducir nuevas y mejores normativas que propicien un mejor encuentro productivo entre trabajadores y empleadores, dentro de un marco legal moderno, eficiente y justo que haga posible promover y mejorar, productividad, competitividad, crecimiento empresarial y empleo de buena calidad.
     
  11. El gobierno suma importantes programas y proyectos de inversión social que corren el riesgo de frustrarse si no son desenvueltos dentro de un marco de gestión fiscalmente sostenible, resultado de políticas económicas que permitan generar el indispensable sustento que demanda su realización. Ratificamos que la mejor forma de inclusión social, constituye la creación de empleo adecuado estable, pero empleo que no se origina en mayores o nuevos impuestos, tampoco en el incremento de la deuda pública, porque su fuente real y efectiva de generación es la inversión productiva.

Señor Presidente, debemos cambiar las políticas económicas, podemos revertir los problemas que nos agobian, creemos firmemente que la construcción de un mejor país es posible y que ese proceso se inicia, cuando los gobiernos comienzan por reconocer de modo efectivo que el poder surge y se sostiene en el mandato de sus ciudadanos a quienes, como usted suele decirlo, tiene la obligación de escuchar con atención y respeto, desechando la inflexibilidad de superados conceptos ideológicos, lamentablemente mezclada en los últimos diez años con la negación de los principios y reglas que rigen la buena economía, aquella que hace posible que los pueblos progresen con estabilidad y en libertad.

El país requiere de esa buena economía que exige voluntad, coraje y determinación para construirla. Una visión que abra espacios y se integre inteligentemente al mundo moderno, una alternativa que nos posibilite transitar por la ruta del bienestar inclusivo, creando oportunidades para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. No podemos perder de vista que la pobreza nace, crece y se multiplica, como consecuencia de malas políticas públicas y falta de oportunidades efectivas para mejorar y progresar. El crecimiento económico y la inversión en capital humano son factores esenciales para ayudar a reducir la pobreza.

Combatir la corrupción y promover la ética pública es tarea crucial para no desmoralizar a la sociedad y propiciar inversión productiva. También es inaplazable construir una institucionalidad económica y democrática que preserve los fundamentos de la economía y fomente la productividad como esencia del progreso del país y de mejor y mayor equidad. Los problemas son de fondo y se requieren señales claras y positivas.

Que la corrección política de paso a la transparencia y las verdades sean develadas, para desechar un modelo económico que claramente aparta al Ecuador del progreso y bienestar al que tienen derecho todos sus ciudadanos. Nosotros seguiremos, señor Presidente, patriótica, profesional, desinteresadamente, vigilantes y activos en este propósito nacional.

Atentamente,

Bernardo Acosta Varea, Docente Economía, USFQ
Vicente Albornoz Guarderas, Decano Economía UDLA
Jaime Carrera Cárdenas, Director Observatorio Política Fiscal OPF
Alberto Dahik Garzozi, ex-Vicepresidente Constitucional de la República
Mauricio Dávalos Guevara, ex-Gerente General Banco Central del Ecuador
Augusto de la Torre Endara, Docente Economía, Columbia University
Carlos Julio Emanuel Morán, ex-Ministro de Finanzas
Rodrigo Espinosa Bermeo, ex-Ministro de Finanzas
Marco Flores Troncoso, ex-Ministro de Finanzas
Jorge Gallardo Zavala, ex-Ministro de Finanzas
Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, Presidente Finanzas y Cooperativas
José Hidalgo Pallares, Director General CORDES
Marcos López Narváez, ex-Vocal Directorio Banco Central del Ecuador
Pablo Lucio-Paredes Fernándes, Decano Economía USFQ
Abelardo Pachano Bertero, ex-Presidente Junta Monetaria
Mauricio Pozo Crespo, ex-Ministro de Finanzas
César Robalino Gonzaga, ex-Ministro de Finanzas
Walter Spurrier Baquerizo, Presidente Grupo Spurrier
Francisco Swett Morales, ex-Ministro de Finanzas
Eduardo Valencia Vázquez, ex-Gerente General Banco Central del Ecuador.

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